¡Proletarios de Europa y el mundo, uníos!
El llamado "efecto llamada" está asentándose como instrumento conceptual analítico de los fenómenos de flujo migratorio humano en España. Con esta noción que resulta ser una anfibología grosera tanto en contenido como en terminología, se desarrollan argumentaciones con pretensiones científicas y de fondo que no son más que demostración de ignorancia y petulancia. Un ejercicio de reflexión se hace reverente para intentar contrarrestar la difusión que en una civilización donde predomina el sistema capitalista está adquiriendo esta pseudo-sociología asilvestrada, en coherencia con la demanda de productos intelectuales hueros y que dan cuenta de la opresión y del tipo de propaganda alienante que se alienta. Sin marcarse el objetivo de desvelar la verdadera y exhaustiva madeja de elementos sociosemióticos que este ramplón concepto contiene, sí se podrían sentar unos fundamentos para la crítica y el llamamiento a los observadores para que abandonen estas formas de codificación de una realidad supuesta.
El origen del concepto o de la confusa idea, surge en unas circunstancias muy definidas no obstante. Hacia el año 1999 la idea del "efecto llamada" ya parece estar en uso común entre algunos comentaristas oficiales o vinculados a las autoridades españolas en general, que a su vez se toma quizás a raíz de un informe público, o declaración policial quizá destinada a corregir a su vez un informe precedente policial también sobre la cuestión de la inmigración en España. Puesto que el informe precedente ya fue muy reprochado por su deficiencia técnica, su falta de calidad no ya científica sino simplemente racional, y la ausencia total de documentación sobre el estado sociológico de la cuestión, hay que suponer que en el segundo se invirtió tan siquiera un poco de más cuidado, con el resultado de alumbrar la noción inédita, al menos nominalmente, de "efecto llamada"; hay que reconocer que la simple sintetización de este concepto es una aportación que muchos no hubieran osado exponer. Este informe, con más enjundia teórica y atención documental, se hacía público por la fecha indicada en paralelo a sucesos relevantes relativos a los problemas de la inmigración en España desde países terceros y a una muy marcada atención de los medios de comunicación y la opinión pública; en concreto, se habían producido avalanchas auténticas de inmigrantes en todo el mundo, pero sobre todo en las instituciones encargadas de regularizar a inmigrantes en España, para la obtención de un permiso de residencia, como consecuencia a una de las campañas administrativas de normalización o legalización de estancia de extranjeros que en aquel año se acometieron en España. Sin embargo, la normalización sólo se dirigía a extranjeros con ciertos requisitos restrictivos y con bastante estabilidad en España, y por tanto no se dirigía a cualquier inmigrante. Tanto los medios de comunicación como las redes legales e ilegales de importación de mano de obra extranjera, como las ONG y los partidos políticos, así como el Gobierno del país, hicieron esfuerzos por difundir y amplificar la noticia del evento, con y sin falsedad, cada cual persiguiendo su parte de beneficio, en ocasiones a costa del resto de la mayoría de ciudadanos españoles, no tan convencidos estos de las bondades de una entrada masiva, indigerible e indiscriminada de competidores y multitudes incontroladas (y desarraigadas) de inmigrantes.
Una de las entidades que valoró negativamente la campaña de legalización de estancia y de regularización de inmigrantes en España según iba emergiendo y que previsoramente temió principalmente su publicidad exagerada y las consecuencias fraudulentas que implicaba de hecho, fue la Policía Nacional española. Razones para ello sobraban (aunque no en la forma ques se hizo), aunque no valentía en la sociedad civil y el resto de los organismos públicos españoles: oponerse a la emigración tal cual, cualquier tipo de matiz opositor, era una incorrección ideológica severamente repudiada. La Policía Nacional con toda legitimidad argumentó que la situación española en cuestiones de seguridad e infraestructuras podría deteriorarse seriamente. (Hoy es visible el aumento de la delincuencia entre la población extrajera: más del 30% de los presidiarios son extranjeros mientras la proporción demográfica de estos no supera el 6% de la sociedad española; y el hacinamiento, el chabolismo, la marginación, los 100.000 desempleados en incrmento, la falta de higiene de algunos núcleos, la drogadicción y la prostitución de menores y mujeres extranjeros es cada vez más frecuente en todas las poblaciones españolas, y sólo desde el 2.000 la población extranjera en Madrid se ha cuadruplicado, en una urbe pensada para 4 millones de almas.)
La preocupación responsable y creciente por unos problemas que las fuerzas de orden público experimentaban con especial intensidad al tratar directamente con las consecuencias perversas de la inmigración desordenada, se exteriorizaba así frente a la marcha de la situación social al respecto: frente a los problemas que la inmigración traía aparejada, los políticos, las organizaciones civiles y la opinión pública española visible parecían obrar en su mayoría inconscientemente en un sentido aún más pernicioso, pues multiplicaban el impacto que de por sí tenían las políticas de legalización y los anuncios triunfalistas de la Administración pública con respecto a la regularización desde siempre; y en este asunto los medios de comunicación bien cooperantes en dicha difusión intensiva y muchas veces engañosa, que terminaba en miles de personas frente a los consulados de España en Marruecos, Polonia o República Dominicana, y otros muchos, solicitando visado de entrada. Las autoridades policiales de España alertaron sobre lo que consideraban una situación anómala con la elaboración de un informe en el que se advertía sobre los efectos perniciosos de la promoción de las iniciativas administrativas de regularización, puesto que esos factores así conjuntados se configuraban entonces en un abultado acicate para la inmigración a España: se trataba del "efecto llamada". No se puede negar en apariencia que bajo dichas condiciones se provoca un "efecto" de focalización de la atención, e incluso de multiplicación de intentos de inmigración, o "llamada" para el gran número de aspirantes a residir en España y la UE, llamada derivada de las facilidades de adquirir derechos de residencia y trabajo. Los mismos traficantes de inmigrantes se encargaron de explotar la situación para hacer más intensos y efectivos los llamamientos que colmaran sus bolsillos, al menos pasajeramente.
La gestación del concepto y su uso, dentro de su aparente simplicidad en respuesta a unas circunstancias bien divisadas, parece lógico y evidente. Pero la noción de "efecto llamada" contiene connotaciones adicionales nada fáciles de evitar para el que disecciona (o percibe instintivamente, lo cual es muy útil) la idea, consecuencias dudosas derivadas de su naturaleza semántica, genética y funcional; y ello en primer lugar puede muy probablemente deberse al grado precario y elemental de su alcance analítico y sistemático. Pero, es muy probable también que se deba a otros objetivos y efectos muy correlativos y más tenues, y en todo caso, implicaciones que confluyen con tendencias y posiciones sociales congruentes al respecto del problema migratorio en su vertiente más siniestra.
Sin perder de vista la expresión nominal del concepto, se ha de indicar en primer lugar, que no hay tal efecto "llamada" en sí mismo y como factor que merezca ese término: los medios de comunicación, ni las administraciones estatales involucradas en el asunto de la inmigración nunca hicieron llamamientos manifiestos y literales a la inmigración a España, y esto es lógico y enfáticamente necesario, pues si bien las opiniones públicas manejadas por las oligarquías nacionales y que se reflejan en los mass media y la ideología oficial desearían hacer ese llamamiento y lo hacen de manera indirecta sin duda, se enfrentan con la opinión pública sumergida y no expresada de buena parte de los españoles no tan conformes con esas políticas de inmigración irracional. Por ello mismo el término no se adapta a la realidad del fenómeno. Pero tampoco responde del todo a la realidad el pensar que el "efecto llamada" es una consecuencia (efecto) indirecta de la maquinaria publicitaria de los medios dominantes que aprovechan una acción favorable a los inmigrantes para atraerlos al país. Lo que se opera con la terminología empleada es que se sustituye a otra terminología y concepto clave para la mejor comprensión y epistemología del problema: "demanda de mano de obra". Es decir, se subroga este último por otro que bascula toda la causalidad de la venida masiva y el problema de los inmigrantes para España al solo factor publicitario o difusional. Y este factor es un simple epifenómeno, una acción superestructural. La ingente cantidad de emigrantes potenciales que se sintió atraída o "llamada" a emigrar a España con ocasión de la campaña que amplificaba el periodo de legalización de estancias a inmigrantes en 1999, espera desde siempre que su situación se vea regularizada por acciones administrativas o por las iniciativas de empresarios, convenios internacionales, cupos de inmigración, etc. Esto significa ni más ni menos que hay un flujo constante por vías normalizadas, usuales, ilegales o no, que existe una demanda de mano de obra que constituye la base del problema y que no hace falta que se produzca una "llamada" como "efecto" de la publicidad amplificada de los medios de opinión de un país, para que la capacidad y necesidades y demanda real y estructural del mercado laboral de cualquier país de la UE, incluyendo España, se vean afectados. Aplicando los términos técnicos de "absorción" y "flujo" de Ravenstein (1876, 1885, 1889) e insertándolos en el paradigma materialista marxista que defendemos, la capacidad de absorción del flujo migratorio no va a cambiar porque sea anhelado con pasión por los discursos ideológicos producto de las estrategias psicosociales de una economía. Los más interesados en defraudar a los crédulos emigrantes potenciales, los empresarios y los traficantes de mano de obra acabarían dándose cuenta de la imposibilidad de utilizar el señuelo de una presunta facilidad para la legalización del inmigrante por la obvia tenacidad de la realidad al respecto, en primer lugar porque ante una eventual mayor accesibilidad al mercado laboral del país de acogida, menores beneficios en su sórdido negocio. La forma terminológica aquí cuestionada, no conecta en gran medida pues con la aparente preocupación por la alarma asociada a la difusión irresponsable y confusionista, de los medios de comunicación y de las opiniones y las acciones de la administración favoreciendo la regularización de los inmigrantes. No hay "efecto llamada" de relevancia y trascendencia real porque la llamada es vacua, una ilusión que acaba por difuminarse rápidamente bajo el peso disolvente de la demanda como concepto decisivo por su alto grado de fiabilidad sobre la realidad.
Volviendo a las implicaciones conceptuales que comporta el famoso "efecto llamada", parece un destilado del modelo "push-pull" (empuje-atracción) que domina el panorama del análisis científico de la migración humana: un país con precarias condiciones de subsistencia en relación a otro país con mejores, se convierte en emisor o exportador de mano de obra, mientras que el otro país receptor en importador; la migración se explica así según un balance electivo racional de elementos favorables y desfavorables de tipo esencialmente "económico" (en sentido neoclásico), aunque las elaboraciones teóricas han seguido otros elementos diferentes a los "económicos" o economicistas (Corbett, 2004, Ravenstein, íbidem, Zimmerman, 1996). El "efecto llamada" incluye un contenido referido al status legal (regularización administrativa del inmigrante, política) y otro a la difusión de información sobre esos contenidos legales, i. e., se indica la existencia de un efecto psicosocial también con consecuencias políticas. Debido a esta dialogía que porta el concepto tomado en su forma genérica, es difícil o mejor subjetivo, fijar, si los autores o creadores (los servicios de las fuerzas del orden que fuesen o su "gabinete sociológico") se interesan en el aspecto publicitario que conduce al "efecto llamada" o por el contrario, si se detienen en el aspecto de las ventajas legales que propicia el "efecto llamada". Puesto que no se dispone aquí de más información que el uso del concepto en el contexo original y actual, y del uso concreto que de ello parecen hacer sus empleadores terceros, hay que pensar que el concepto comporta las dos dimensiones señaladas versátilmente.
Es normal, en principio, que cualquier entidad humana con objetivos laborales o grupo corporativo profesional organice sus actividades de manera económica, "ergonómica", según las leyes de optimización y máximo ahorro de energía y costes. Así, cualquier institución administrativa encargada de perseguir el delito y mantener el orden social, planteará modelos legales y de derechos humanos que maximicen la eficiencia de sus tareas o el cumplimiento de sus metas. Es comprensible que mediante la sintetización de un concepto como el de "efecto llamada" se intente activar a la opinión pública del país afectado para que presione al establecimiento de normas administrativas y legales que permitan una mayor contundencia de las intervenciones policiales, exijan el apoyo civil, y que además proteja a los agentes del orden público de acusaciones de abuso contra los inmigrantes: esto amplia el margen, aparentemente, de intervención, ahorro de recursos y de eficacia, al menos según cierto modelo de actuación que se tuviere como el más adecuado... Pero además y en relación directa con la filosofía del "efecto llamada", la contundencia policial debe operar en el sentido de disuadir a los emigrantes potenciales para establecerse en un país donde las condiciones de acogida se han degradado para ellos en principio: la contrallamada. Es curiosos por otra parte, que la misma noción de "efecto llamada" implique de manera tácita pero obvia, el reconocimiento contradictorio de que unas condiciones más opresivas y en las que no hay publicidad ni supervisión de las actividades policiales por la opinión pública, y donde la adquisición de las oportunidades y ventajas legales van a estar mermadas o no se van a difundir, la existencia de vías de circulación de la información capaces de transmitir el panorama real de las dificultades adicionales para la emigración que constituyen el antídoto del "efecto llamada" (ver supra la crítica de la terminología del concepto); esta contradicción está directamente relacionada con la presencia inextinguible del fenómeno genuino de la demanda como regidor de los flujos migratorios, y de lo que se trata no es de "llamar" o "contrallamar" sino de manejar la ruda función de demanda de mano de obra inmigrante.
Afortunadamente, muchas opiniones de los miembros de la fuerza de seguridad no apuntan a la puesta en clave de los costes del mantenimiento de un orden constitucional o legal, o leyes de extranjería dado a través de la adaptación del régimen político en vigencia con respecto a la inmigración, orden justo o no (en opinión del que escribe injusto); sino a la insuficiencia e inadecuación de presupuestos, en especial los policiales (mermados por las políticas de "déficit cero") y de las medidas administrativas de organización y legalización de extranjeros en España. Pero incluso aunque se decidiera constitucionalmente aplicar estrategias políticas con el fin de agudizar el empeoramiento de las condiciones de vida de la población inmigrante como grupo estrictamente diferenciado en derechos y apoyos sociales (apartheid), mediante reforzamiento de la presión policial, desregulación de derechos fundamentales de inmigrantes y escasos seguimiento público y difusión de acontecimientos favorables a los inmigrantes en el país de acogida, un mecanismo social paradójico y perverso se habría puesto en funcionamiento, contra el mismo pretendido objetivo de optimizar la eficiencia de la lucha contra la inmigración. La consecuencia contradictoria es el flujo migratorio a España aumentado contra todo pronóstico, y que además tendría dos otras subsiguientes afectando a la misma estrategia policial: primero, incrementando indirectamente la precariedad presupuestaria de las fuerzas del orden para contrarrestar la inmigración incrementada y con menor control administrativo o legal (inmigración clandestina); por otro, el cuerpo de funcionarios policiales mismos se verían en una situación de competencia, salarios a la baja y descualificación por unos recursos humanos incrementados y por el abaratamiento de la mano de obra total en agencias privadas o en mayor número de nacionales aspirantes a funcionarios por menos retribución (desplazamiento de la mano de obra según sectores por un mayor flujo exterior; se pueden contemplar, mutatis mutandis, amagos en esta dirección cuando se emplean a nacionales latinoamericanos por el momento en el Ejército). ¿Por qué el aumento de la población inmigrante como consecuencia a la aplicación de medidas pretendidamente anti-inmigración?
Los hechos que se pretenden solventar denunciando el "efecto llamada" y esgrimiendo estrategias de simple erradicación de las consecuencias mediante permuta por sus efectos inversos o negativos (no-publicidad, no-tolerancia policial, no-regularización, etc.) tienen otros objetivos aún más reprobables y contra los que hay que arremeter abiertamente desde los intereses de la clase asalariada.
No hay que olvidar por qué están los inmigrantes extranjeros aquí en primerísima causa: los burgueses organizados como clase social, los patrones o empresarios de todo nivel, y los administradores y políticos que los sirven, las mafias de traficantes de mano de obra a saldo, los que viven de la caridad y la mala conciencia de los más dotados, etc, los demandan y buscan sin recato en sus lugares de origen. Las posiciones materialistas marxistas sobre este fenómeno no tienen que dejar lugar a dudas: el efecto "push-pull" no es el correcto. Predomina la relación sistemática que se impone desde las economías más potentes del mundo sobre las más débiles y depauperadas en el cuadro de relaciones de estricta dependencia. Si las gentes más pobres de Africa viviesen en un paraíso terrenal y se negasen a emigrar, los poderosos capitalistas de los países más industrializados demandarían igualmente mano de obra por la fuerza, como de modo parecido ocurrió entre el siglo XVI y XIX con la trata de esclavos y vuelve a ocurrir ahora (29 millones de esclavos en el mundo).
El "efecto llamada" es un acto de propaganda política nacionalista y pro-capitalista en contra de la autonomía y los intereses de los asalariados. Se pretende que la población asalariada nacional reoriente su pleito constante contra el patrón o el capitalista y se imbrique en luchas entre trabajadores que llevarían a todos los asalariados a debilitarse. Los patrones persiguen así la división y confusión de la clase obrera: en una fábrica, en una oficina, laboratorio o invernadero, los empresarios ensayarán plantillas mixtas de contratados precariamente y sin apenas derechos, junto a trabajadores nacionales con derechos constitucionales, para que los diferentes intereses básicos y la disciplina laboral haga que los trabajadores no se unan, organicen y adquieran más fuerza contra el burgués. Y el patrón contrata de preferencia a mano de obra extranjera si la puede privar totalmente de la capacidad de reivindicación, si está atemorizada, cercada y acosada por sus "camaradas" de clase trabajadora nacional, y mantener relaciones de producción sin moderar de ninguna manera su naturaleza abusiva. Con esta subdivisión los capitalistas rompen sindicatos, protestas obreras, bienestar laboral, influencia política y económica, cultural (pierden sus líderes propagandísticos, educadores, intelectuales, activistas, organizadores y unificadores). Para mayor división, los empresarios intentan el premiar la nacionalidad del obrero legal para ponerlo en contra del recién llegado y propiciar el odio al competidor y la obediencia al "amo", y por otro lado, incentiva el terror y la sumisión del inmigrante ante las autoridades policiales, los trabajadores nacionales y la voluntad del amo, premiando al extranjero más obediente y dúctil a los valores y prácticas inmorales de la ideología y comportamientos burgueses y capitalistas. En ocasiones, el inmigrante especializado en el sicariato se convierte en el matón sin escrúpulos contra el trabajador o activista asalariado nacional.
El "efecto llamada" es una trampa. Plantea la movilización de toda la población nacional contra la categoría social de los inmigrantes en tanto que la mayoría son proletarios, y de ahí precisamente su fuerza y efecto trascendente. La movilización de los asalariados hace que todo acto de agresión o de exclusión llevado a cabo por el proletario nacional contra el extranjero reafirme como supremos los objetivos del nacionalismo y no los del socialismo y los intereses de la clase asalariada: cada acto de exacción de este tipo afianza el régimen interclasista que es la esencia de la nación, régimen que los burgueses y capitalistas buscan reforzar en su interés por preservar y absolutamente primar contra el diferendo de clase social de los proletariados y sus auténticos intereses... es pues para los proletarios esta estrategia un acto de disgregación, desmoralización y de autodestrucción, tanto si se realiza principalmente por el asalariado nacional, como si con iguales efectos la actitud contra los inmigrantes o los trabajadores nacionales proviene de otros proletarios inmigrantes aliados con la burguesía del país de acogida y convertidos en instrumento de estos últimos bajo prebendas o sobornos de todo tipo.
El asalariado nacional puede llegar a tales estados de conchabamiento, compromiso y mercenariado con el patrón respecto de la inmigración que él o sus hijos se ponen en disposición de formar grupos de represión violenta armada, cuasi-batallón de la muerte, de lleno imbuidos en la ideología nazi. Otros de estos desviados de mente distorsionada no tendrán otra ambición que formar parte de las fuerzas de seguridad del estado para descargar su furia ideológica racista y nacionalista bajo el paraguas y protección económica del estado, infiltrándose en una institución que no defiende intereses anticonstitucionales por principio. El temor extremo al desempleo y a la marginación de muchos estratos sociales del proletariado en descomposición y convertido en lumpemproletariado inserta a estos individuos destruidos por el capitalismo en el movimiento nacionalista más descarnado, en la agresión y el odio, esto es, en la trama de la represión del inmigrante en sus esfuerzos por mejorar sus condiciones míseras de subsistencia y escapar al mundo mafioso y clandestino de la dominación empresarial en el mercado negro laboral. La consecuencia directa de esta estrategia en la que todo derecho, reconocimiento y control público de las condiciones laborales del proletario extranjero es negada y conculcada para evitar el "efecto llamada" es directa y primordialmente, la bajada de los salarios del inmigrante en primer término, y, siempre consecutivamente, la bajada del salario del trabajador nacional.
En efecto, lejos de disuadir a los trabajadores extranjeros de participar del mercado laboral del país de acogida por el miedo a represalias de una sociedad aborigen despreciativa y hostil contra el inmigrante, el inmigrante ve multiplicadas sus ofertas de empleo por empresarios envalentonados con su acceso liberal, a medida, a una masa de población extranjera sumisa y poco reivindicativa de las condiciones básicas de subsistencia, y por su parte, el emigrante potencial que soporta (i) la represión política del estado dictatorial, (ii) la caciquil del patrón o del terrateniente de su país y en especial (iii) de la destrucción de expectativas propiciada por el mercado mundial y la intervención expoliadora de las potencias occidentales, aceptará siempre que la opresión económica le resulte ventajosa en mínimos marginales en otro lugar. Aunque no tiene más sentido que el aparente, si en algún lugar tiene sentido hablar de teoría "push-pull" es en los esfuerzos incesantes propagandísticos del capitalismo por absorber con métodos alienantes la mano de obra extranjera mediante la representación torticera de una tierra de oportunidades en Occidente; pero los flujos migratorios se absorben sobre todo mediante la intervención sin tapujos en los regímenes y economías de países menos poderosos para organizar la trata de trabajadores precarios: en los países emisores de mano de obra la economía mercantil y el mercado laboral en particular son manipulados conscientemente por los capitalistas del mundo desarrollado y sus secuaces locales en perjuicio de los trabajadores de las economías desarrolladas y todos los asalariados en general, salvo los que participan, más bien menos, del usufructo del trabajo inmigrante como botín por su apoyo a la letrina nacionalista de sus países.
En el Tercer Mundo se interviene para arruinar economías de desarrollo industrial propio y competitivo que no sean las de "cría" de población, se cortan las expectativas de producción autónoma, de moviliad social, y de simples medios de subsistencia, para sostenimiento de poblaciones en forma de "granjas" de emigrantes potenciales para la exportación. El proceso sigue el modelo genérico de expropiación de los medios productivos de amplias franjas de la pobalción que se encuentra forzada a emigrar a las metrópolis en la época del despegue de los centros industriales europeos en el siglo XVIII. Luego el capitalista o sus agentes aparecen con su propaganda falsaria siempre arrobadora, y acapara los flujos migratorios con un coste sólo suficiente para chantajear al potencial emigrante y reproducir su miseria en la medida que le sea posible en el país de "recepción". De aquí que el capitalista y el traficante no ahorren esfuerzos en debilitar el sistema legal de protección de los trabajadores asalariados de sus países receptores de inmigrantes, socavar el estado de bienestar que han alcanzado con el esfuerzo de generaciones en conflicto clasista, pues precisan que los seres humanos que mercantilizan no reciban más que el mínimo diferencial que les haga rentables como factor trabajo: la comercialización extensiva de mano de obra inmigrante es más beneficiosa que la minorista aporta en ganancias netas. De aquí se deduce fácilmente que a mayor organización y autodefensa de la condición laboral y nivel de vida de los asalariados nacionales de los países adelantados económicamente y cuanto mayor sea su salario, más obstáculos y mayores los costes del sórdido negocio de la inmigración de extranjeros en precario y en cantidades masivas, puesto que mayores los costes salariales a pagar y los costes de arrancar a los pobladores de esas zonas candidatos a la emigración; además de que las políticas infernales de adaptación de las economías de esos países a la producción simple de mano de obra se frena por otras formas más eficaces de promoción de la producción y participación en la economía local y nacional, que significa ni más ni menos que el debilitamiento de las relaciones de dependencia internacional.
El fenómeno paradójico que esconde el "efecto llamada" fue diáfanamente perceptible en los sucesos de El Elegido (Almería): tras la "rebelión" de los inmigrantes marroquís sobreexplotados por la población autóctona, esta reivindicaba manifiestamene la contratación de mano de obra extranjera latinoamericana "católica", "de iguales costumbres"... más "adaptada", e decir, obediente, al amo y a los habitantes locales convertidos en parásitos sociales a costa de la asistencia social del municipio y otras administraciones del Estado. Se contrataron latinoamericanos y eslavos en toda España a expensas de los marroquís, mucho más organizados y concienciados políticamente; sin embargo hoy en España entre todos los que conocen las estadísticas y en la impresión de los ciudadanos en general, se sabe o se teme más a las comunidades latinoamericanas y eslavas por su alto grado de vinculación relativa con el crimen organizado, que a las comunidades y mafias marroquís del contrabando interfronterizo. Los marroquís se quedaron y siguen llegando a pesar de los luctuosos pogroms que la población nacional de El Ejido cometió contra ellos y seguro gracias a su tímida y necesaria rebelión duramente reprimida mejoraron su posición relativa dentro de la precariedad así como las de otros inmigrantes al poner en evidencia el estado de sobreexplotación al que estaban sometidos como inmigrantes sin derechos y el apoyo del movimiento obrero español (que luego es reconducido por la burguesía, entre otras cosas para clamar votos y negar la existencia de la clase trabajadora). Los latinoamericanos ocuparon su nicho social en la escala de explotación, pero en un segmento minoritario de su comunidad derivan constantemente hacia la delincuencia salvaje para mejorar sus rentas, aplicando los recursos de subsistencia que importan de sus conflictivos países. Estos individuos que "ascienden" en recursos van siendo sustituidos por otros inmigrantes capaces de aguantar las embestidas del capital y de la hostilidad nacionalista. Sin embargo, los grupos de inmigrantes que ascienden en la escala social con o sin ayuda de la sociedad y el estado del país de acogida, sirven de ariete específicamente para desarticular el sistema de monopolio que los asalariados cualificados pretenden y aspiran a mantener a salvo fuera de la influencia de la competición mercantil del mercado laboral abierto a los inmigrantes. Esto explica que de manera sumamente gustosa y planificada, con ingenuidad estólida, los propagandistas y administradores del sistema capitalista imperante en una nación desarrollada industrialmente inviertan partidas presupuestarias notables a la asistencia social caritativa de inmigrantes, extraordinariamente generosa y socialmente injusta. No se trata tanto de "llamar" a más inmigrantes allende las fronteras que de todas maneras serán arrancados de sus países por la brutalidad capitalista globalizadora, sino de "integrar" a cada vez más trabajadores y familias ("reunificación familiar") productoras de fuerza de trabajo barata en el propio territorio nacional de acogida, que dotados de la ayuda pública necesaria (que pagan los trabajadores autóctonos a través de su contribución al Estado de más del 80% del total frente a los capitalistas propietarios) estarán en condiciones de accesoa status laboral sin mucho esfuerzo compartaivo de su parte, para competir con salarios a la baja en dichos sectores cualificados antes reservados a los trabajadores nacionales con un nivel salarial superior y protegidos por leyes derivadas de procesos de lucha contra el capitalismo. Véase por ejemplo ese 45% de viviendas públicas concedidas gratuitamente a la población inmigrante (de un 6% del total de la población española) y que ha causado indignación entre otras comunidades excluidas como la gitana, amén de la otras etnias mayoritarias. Pero esto se extiende a la búsqueda de empleo a través de sistemas paralelos y privilegiados, formación específica, créditos, etc. Sin embargo, los intentos de la caridad civil y oficial interesada o inocente, activos y constantes, son limitados: no pueden exceder el beneficio que la explotación de la inmigración aporta, ni se puede crear una situación de protesta extrema con este uso discriminatorio ("positivo") de la población contribuyente. La inmensa mayoría de la inmigración está destinada a la subcontratación y precariedad relativas en función de la capacidad de autodefensa del proletariado nacional también en depauperación, y no precisamente entendiendo por dicha autodefensa la hostilidad e impermeabilidad en relación a los explotados inmigrantes asalariados.
En todo este panorama que impone el capitalismo en primer término y su alianza con lo más despreciable de la fuerza de trabajo nacional y de los lumpen ultranacionalistas, la canalla fascista, es el aumento de la oferta de mano de obra depreciada en todos los sectores y niveles corporativos y laborales, y la competencia interna entre las fuerzas asalariadas lo que motiva en cada sector beligerante. Lo que significa un perjuicio fatal para los propios trabajadores nacionales y legales (sean o no extranjeros), en forma de salarios en regresión, desempleo y preferencia por el trabajador sin protección legal ni social, y la tendencia a un aparato represor "cívico-estatal" al servicio directo del capitalista o del patrón dispuesto a utilizarlo tanto contra la oposición de asalariados nacionales (vía identificación de intereses del asalariado con intereses de extranjeros) como inmigrantes. Los asalariados conscientes y pragmáticos pues, debemos compensar y truncar las estrategias laborales de la clase burguesa, empresarial o como se quiera llamar, y primero, evitar la confrontación con los individuos de nuestra misma clase social, es decir los inmigrantes asalariados. Pero al mismo tiempo, hay que compensar las debilidades de los inmigrantes extranjeros: su condición les hace vulnerables al chantaje del amo, les subyuga crudamente a las tretas del dueño fabril, del pequeñoburgués o del pequeño o gran propietario campesino, y a la presión de una población fascistizada; pero los obreros organizados deben aumentar las presión para que los grupos en precario incluyendo los nacionales, se vean forzados a su vez a unirse a los trabajadores con situación preferente y, o, privilegiada, hasta que la evidencia de esta presión compensatoria haga evidente al empresario que no hay chantaje posible por ese extremo del trabajador precario y extranjero. A la vez, hay que evitar la desmoralización y dominación del asalariado nacional sobre el extranjero: comprender la situación de indefensión que rige la vida del trabajador inmigrante y que las represalias sobre él son más severas, que su situación laboral está pendiente de un hilo en caso de confrontación abierta. Por lo que los trabajadores estables y oriundos de la nación deben con su reivindicación laboral exigir la mejora cabal de las condiciones laborales y sociales de los precarios inmigrantes como parte crítica de los intereses de los trabajadores, para que las posibilidades de unificación de fuerzas sea realizable. El diseño de objetivos sindicales o laborales propios va paralelo a la mejora legal y retributiva de grupos marginales, y esto es necesario comprenderlo. La sociedad civil de una nación desarrollada debe invertir esfuerzos en la publicidad y difusión de las condiciones de los derechos humanos particularmente laborales de los inmigrantes, y proclamar la mejora de las condiciones reales de subsistencia de la mayoría de los miembros de las comunidades extranjeras, siempre en correlación a las capacidades de aportación del inmigrante, sin permitir iniquidades asistenciales absurdas y grotescas, desfasadas de la capacidad de trabajo, de ningún tipo en contraste con la población nacional, pues esta es una de las estrategias empleadas para dividir a la población trabajadora de un país... Esto incluye unas leyes equiparables, y nunca de superordinación de grupos de inmigrantes sobre los nacionales, a todos los trabajadores de un país y la eliminación de situaciones de sobreexplotación.
Si en el "efecto llamada" se tiene al emigrante como diana de la represión, los comunistas y socialistas que militan por la clase trabajadora y ciudadanos conscientes, deben por el contrario volcar toda la culpabilidad (con toda razón) sobre los sectores empresariales y sobre los agentes beneficiados por la demanda laboral de tipo liberal de inmigrantes: las leyes que permiten emplear a "sin-papeles", inmigrantes ilegales y subcontratados, son prácticas que deben ser perseguidas, así como el contrabando de mano de obra ilegal, así como la sobreexplotación, "voluntaria" o no. Se argüirá que es imposible fiscalizar estas transacciones encubiertas y que mejor hacerlo "a la luz del día" de la economía censable y cuantificable: pero si no se puede inspeccionar y punir estas prácticas contra los trabajadores, por parte de los empresarios, también habrá que olvidarse de que los empresarios (y los asalariados aunque menos) sufran los ataques y extorsiones de mafias colombianas, rusas y rumanas, o de los mismos inmigrantes sobreexplotados en el tajo, y de la movilización de la sociedad asalariada para evitar el caos y demolición del estado de bienestar al que se le somete; estos grupos sociales intentan lógicamente también mediante las reglas mercantiles que sufren hacerse con su parte del pastel para subsistir en la economía competitiva.
El objetivo último de los comunistas por contraposición a las implicaciones sociales del "efecto llamada" es el de reforzar los puntales que protegen en lo legal y en recursos a la clase trabajadora y eliminar de la escena política a todos los que no persiguen esta finalidad. La legalización y equiparación universal de los derechos laborales en el territorio español y europeo debe convertirse en un objetivo operacional y factual para ello. Y para la consecución de este objetivo como realidad y no sólo como privilegio engañoso y contraproducente como se ha intentado explicar, es preciso instaurar la inspección oficial intensificada y metódica del empresariado y sus actividades, regir y supervisar su gestión de los recursos humanos, e implicar a las fuerzas policiales con todo margen o libertad de maniobra sobre los patrones que intenten incumplir la ley contra la explotación laboral y clandestina. Se replicará que esto llevará directamente a la deslocalización y descapitalización de las industrias e inversiones en Europa o España: por lo que leyes adicionales de expropiación de industrias y fondos en fuga nos acercarán al socialismo. [Portada.][Antropología-sumario.]
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