UNION SOVIETICA EUROPEA

El presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero y el PSOE revalidaron su mandato en las pasadas elecciones del 9 de marzo, incrementando en varios escaños su presencia en el Congreso de diputados, al haber obtenido más de 11 millones de votos. El PP también ganó escaños, y entre las dos formaciones acapararon el 85% de los votos. A pesar de la crisis económica de 2007 en la que ambos partidos están comprometidos por su modelo de crecimiento especulativo e improductivo, la abstención no se incrementó respecto a pasadas consultas, ni programa alternativo alguno se decantó lo suficiente en votos como para verificar un sentimiento de protesta hacia la burocracia dirigente y sus pilares oligárquicos. Estos sectores dominantes acertaron a movilizar a la mayoría de la población española para sancionar sus objetivos políticos. Es más, para los detractores del capitalismo, un rasgo contradictorio debiera sobresalir de la intensa lucha ideológica que ha precedido y alcanzado numerosísimos aspectos de la vida social española, a saber: la izquierda en general ha desdramatizado e invertido enormes esfuerzos en ocultar y negar la crisis capitalista iniciada en 2007, cuyos efectos han sido nefastos para la clase asalariada. Si bien, por el contrario y estrambóticamente, el PP ha sustituido a la izquierda, a los socialistas y a los “progresistas” en el papel de críticos anticapitalistas, hasta llegar al extremo de un Mariano Rajoy apelando a la coherencia y al voto de los socialistas coherentes, esta táctica, más o menos honesta del PP, de ninguna manera justifica la metempsicosis que ha operado la izquierda española arrogándose la defensa del régimen opresor capitalista cuyo debilitamiento, sino aniquilación, ha sido el objetivo sustancial e indispensable del movimiento socialista en más de 150 años.

La izquierda española, en su afán oportunista por perpetuarse en el poder negando que la economía de mercado provoque catástrofes para las clases explotadas, desacreditando y reprimiendo la resistencia al capitalismo para salvar ante la opinión pública la imagen del Gobierno neoliberal y enfáticamente anti-intervencionista del PSOE, se ha transformado de lleno en un partido burgués reaccionario. Pero además, si se observa la lista de partidos en liza en las Elecciones Generales del 2008 y se hace un simple cálculo aritmético, es fácilmente perceptible que más de los dos tercios de las organizaciones se encuadran, manifiestamente y sin duda, en la extrema derecha, y que, salvo el PP por motivos tácticos de reconquista del electorado de centro –aproximación que ahora está sirviendo de excusa a la facción de extrema derecha liberal para atacar a Rajoy– , los demás partidos, incluida Izquierda Unida, el tercer partido en número de votantes del país, se han desplazado a la derecha . IU singularmente, tanto en sus postulados como en su electorado, se ha deslizado a la derecha por acción (programa y actividad política) y por omisión (dejación ante el Gobierno y nuevas preferencias de parte de su electorado), con la pérdida del orden de 300.000 votos transferidos al PSOE. Aparte de una extrema izquierda extraparlamentaria y minúscula con nula influencia ideológica representada por unas tres formaciones, también se desprende del recuento que, los partidos no clasificables abiertamente como extrema derecha son, de modo análogo, extremistas del centro y la moderación, partidos con causas cívicas y coyunturales, espiritualistas y místicos, localistas...

En cuanto a IU, la misma dirección que hoy desmoralizada se aferra a sus rescoldos electorales, triunfó poco tiempo antes del 9 de marzo en las elecciones internas e hizo sancionar la candidatura de Gaspar Llamazares, en paralelo con el arrinconamiento y ninguneo de los delegados “para-comunistas” del PCE y otras oscuras maniobras de marginación de sectores menos liberales. Como es una constante con altibajos en este partido desde los años 80, los órganos gestores no han hecho otra cosa que representar un acto más de derechización, que consonantemente y a la inversa de lo que preconizan los prejuicios anticomunistas, están pagando en votos. Pero es preciso refinar y ubicar el sentido de esa “derechización”. Con ello hay que entender que IU se ha radicalizado en sus fundamentos izquierdistas, dentro de las coordenadas de la ideología burguesa, es decir, se ha hecho radical en sus actitudes liberales . Por el contrario, se ha derechizado en relación a los fundamentos ideológicos colectivistas, a las tendencias políticas y culturales marxistas, social demócratas tradicionales y más radicales, las teorías de la regularización de la economía o de la sociedad para el bien de la clase trabajadora, de lo que venía siendo el socialismo en el siglo XX. En este giro, IU ha superado en intensidad neoliberal a la corriente dominante de Zapatero en el PSOE, en ímpetu izquierdista burgués; pero, en algunos aspectos doctrinales y en algunas regiones de España, se ha alejado más que ese partido interclasista, de las coordenadas ideológicas y situacionales del grueso del proletariado español. Lo que ha redundado en el abandono, por parte de cada vez más electorado en los últimos tiempos, del proyecto ultraliberal de IU a favor de un neoliberalismo más moderado, el del PSOE. Este proceso así descrito puede ser considerado inverosímil desde el momento en que IU mantiene un programa manifiestamente más “socializante” que el PSOE, pero hay que recordar, para hacerse una justa concepción de la trama del proceso que, el neoliberalismo, es una doctrina política cuya estrategia esencial es la utilización premeditada e impostora de los elementos del estado de bienestar, de los mecanismos de estabilización social y de los aspectos socialistas de las naciones desarrolladas para, precisamente, obstaculizar y revertir los avances del estados de bienestar y hacer descarrilar las bases del intervencionismo, en aras del capitalismo ultraliberal. Una característica crítica de la izquierda burguesa, que atraviesa a la izquierda occidental y española actual con mayor o menor vesania (por ejemplo, la alemana Die Linke no está en la misma deriva y se cuida mucho de identificar y neutralizar esa muchas veces sutil impronta neoliberal que parece que se filtra por doquiera menos se presuma), no es otra que esa subordinación de los objetivos del socialismo a meros instrumentos de presión para obtener apoyos democráticos e imponer programas y valores paulatinamente más liberales y capitalistas. La izquierda radical neoliberal está volcada en la exaltación de la solidaridad social y el ámbito público del Estado precisamente con el falaz, y apenas críptico objetivo, de volverlo contra los trabajadores y asegurar su disolución simultánea. Esta táctica se halla bien e indefectiblemente incrustada en los partidos en los que la masa asalariada mayoritaria y todos los adversarios del capitalismo puedan, sin alternativa, depositar sus expectativas de acción contra el capitalismo. Y si hay un sector relativamente extendido de la clase trabajadora que aún con más ahínco se identifica con un partido anticapitalista, es en ese partido en el cual se concentrarán con más ofuscación las artimañas del neoliberalismo izquierdista.

Hay una circunstancia específica que muestra la derechización del electorado en general en las últimas legislativas españolas: los votantes, no meramente de IU, sino también del PSOE, se han derechizado. La sociedad española se ha radicalizado, se ha polarizado, pero lo ha hecho orientado a un referente derechista, pro-capitalista. Unicamente permanece una bolsa de abstención del 25% que, no hay que descartar, se distribuyera ideológicamente según el esquema de los resultados vistos para la población votante (en las presidenciales francesas de 2007 causó cierta sorpresa el constatar que la abstención tradicional se diluía siguiendo el mismo esquema de los resultados del resto del electorado). El capitalismo, ya sea en sus formas despóticas clásicas neofascistas (derecha neocón, atlantista e integrista), o en sus formas libremercantiles y social-liberales, cala en la sociedad española. Ni qué decir tiene que, parte de los votos centristas del PSOE se han transformado en varios escaños más para el PP, una singular versión más del neoliberalismo partidario de erradicar el Estado social e imponer cuanto antes el mercado “libre” sin vaselina ni reclamo socializante, un neoliberalismo que gira en torno del supremo y omnímodo valor de “libertad”. El neoliberalismo derechista no retiene elementos del estado social como método de la desregulación o mercantilización social, sino que concibe la autoridad del Estado como instrumento inmediato de la imposición forzosa del librecambismo, esto es, de la supresión de las estructuras sociales del Estado interventor característico del siglo XX.

El PSOE ha absorbido una enorme proporción de votos de IU y partidos nacionalistas, lo cual es otro signo de relativa e indirecta derechización del electorado. Se abandonan las expectativas socialistas dolosas por el mantenimiento a la defensiva de unos mínimos que los partidos moderados parecen asegurar; este abandono implica también que acaece una huída del ultraísmo izquierdista social-liberal de IU hacia el izquierdismo neoliberal del PSOE que, como se explica más abajo, a su vez ha espantado a grandes sectores de la clase trabajadora (el ex-cinturón rojo de Madrid) hacia el PP, particularmente a aquellos que más han salido perjudicados por la estrategia de financiación pública de la liberalización llevada a cabo por el PSOE desde los 80, pero también por el PP. En el anhelo de preservar lo que se pueda el estado social se abandona el partido o la tendencia que más incidía en el estado social, lo que resulta en derechización. En sustancia, la liberalización de los partidos del régimen constitucional español del 78 ha utilizado los fondos y estructuras del Estado para ir desmontando el sistema público de servicios y beneficios sociales. Ello se ha efectuado de dos modos: la conversión industrial o desindustrialización, con el desarrollo de los sectores especulativos y de escaso valor añadido, por un lado; y por otro, la importación masiva de mano de obra a precio de saldo para ocupar esa nueva actividad. La inmigración, además, es el aspecto sine qua non del equilibrio político corriente de España.

El fenómeno de la inmigración es de extraordinaria trascendencia para la comprensión de la voluntad política y el consenso de las clases sociales españolas en relación al régimen constitucional asentado en los dos pilares partidistas, PP y PSOE. La inmigración es la pieza cardinal del balance político de España, el pozo del que se han extraído los recursos con los que poner fuera de juego a la ciudadanía asalariada que hubiera tenido que encuadrarse en una industria productiva y altamente tecnificada de no ser por la sobreabundancia de mano de obra excedente, y la fuente de recursos que ha suplido la presión fiscal sobre el capital para extender un empleo precario y mísero, mientras que se mantenía la suficiente capacidad de retribución de los amplios sectores sociales que respaldan con su voto a los partidos de gobierno. Como bien se replicaban las autoridades del ministerio de trabajo (PSOE) cuando la OCDE publicó en 2007 su elocuente informe revelando la caída del salario medio un 4% en los 10 años precedentes, pese al fuerte crecimiento económico, el número de empleados por familia había aumentado y, en consecuencia, lo había hecho, aunque no fuera proporcionalmente, el ingreso medio por familia; la alternativa a esta explotación de la mano de obra autóctona era el desempleo, en su silogismo, y no lo que realmente se hubieran visto forzados, en ausencia de inmigración y desindustrialización, a procurar, la modernización y tecnificación competitiva de la producción. La inmigración ha sido un milagro para el capitalismo español, la cuña que diluía el status quo en el mercado laboral en lo favorable a la clase trabajadora, aportaba la tributación para enriquecer las arcas del Estado sin presión fiscal sobre las clases acomodadas (fiscalmente impunes en España) y un capital que, así, fluía a multiplicarse sin recato en la libre explotación de la fuerza de trabajo sobreabundante y sumisa (pero poco productiva), generando rentas paupérrimas a los trabajadores que se contentaban con una ocupación apenas suficiente para su supervivencia en el “colchón social” familiar; además, a la inmigración, también se le asignaba la función de fondo de financiación de las operaciones clientelistas de las burocracias al servicio de la clase dominante.

Las regiones que han ampliado la fuerza electoral del PSOE el 9 de marzo de 2008 son, básicamente, Cataluña, Extremadura y Andalucía. Los presupuestos del Estado aprobados a finales de 2007 recompensaron a las autonomías votantes del PSOE en una proporción doble que las adeptas al PP. Este presupuesto permite mantener en unas condiciones mínimas la sanidad, la educación, el transporte y otros servicios sociales públicos elementales sin regalarse del todo y bruscamente a las zarpas del capital. En los lugares donde el PP gobierna, las prestaciones públicas que ya existían se deterioran con notable mayor celeridad que en las citadas autonomías gobernadas por el PSOE (aunque Galicia o Baleares son ejemplos de convergencia con el PP en privatización). Pero, ¿cómo es compatible la ejecución de un programa de liberalización creciente que es la médula de los objetivos del PSOE (y de IU) con el mantenimiento precario de unos servicios públicos y gasto social mínimos? Mientras que el PP desmantela la parte del Estado social existente y sus servicios públicos con el entusiasmo que le es permitido por la moderada y dividida resistencia popular, al hacerlo exime a los contribuyentes asalariados de la financiación pública de la liberalización, esto es, redime, aunque sólo sea nominalmente (pues recuperan ganancia a través de impuestos indirectos e impuestos de actividades económicas inducidas con las privatizaciones, los cuales perjudican a los asalariados), de la malversación de sus caudales en el desarrollo de un régimen productivo que, en definitiva sigue siendo hostil a los asalariados... No se debe olvidar tampoco que las privatizaciones conllevan un aumento inevitable de los precios de los productos que estuvieron a cargo del sector público, aún más cuanto más competencia se da, al contrario de lo que afirman los liberales: la competencia es por el lucro, y si este no se da, el capital retira su participación en el sector o rebaja la calidad del bien ofertado.

Como se ha sugerido, los partidos de la izquierda burguesa se distinguen por una estrategia opuesta: utilizan los recursos públicos, quizá hasta aumentados, principalmente financiados por los trabajadores modestos (en España los asalariados cotizan alrededor del 18%, mientras que los fondos de inversión capitalistas o SICAV el 1%; el PSOE ha propuesto la eliminación del impuesto sobre las fortunas a partir de 2008), en erigir su progresivo laissez faire , aplicando estrictamente la regla del reformismo burgués, aquélla por la que se concede algo con una mano, y se retira con otra. Con una mano, el “social-liberalismo” mantiene operativo, pero estancado, y por tanto en condiciones cada vez más precarias, el sistema público de servicios sociales, pero con otra invierte crecientemente en el acomodo de contingentes enormes de fuerza de trabajo inmigrante, con la que flexibilizar de modo indirecto y “natural”, sin decretos impopulares, el mercado laboral y desbaratar los salarios, particularmente de los trabajadores descualificados, de las mujeres y los jóvenes que se van integrando en un mercado muy dispar al de sus progenitores. Reformas encaminadas a esta mutación del mercado laboral fueron aprobadas por Felipe González, por ejemplo con la reducción de las prestaciones por desempleo y la legalización de las empresas de trabajo temporal o la desindustrialización, el mismo líder socialista que en los años 80 diseñó el modelo público de seguridad social, el cual hace tiempo ha dejado se ser ejemplar. El reformismo izquierdistas y burgués asimismo subvenciona (por ejemplo con microcréditos) el pequeño comercio que se nutre de circulante fabricado en países con un grado de retribución de la mano de obra comparativamente deplorable: la venta de esos productos contiene los estragos de la inflación en las clases populares de España, pero también destruye los puestos de trabajo cualificados, protegidos y mejor pagados en la economía española y de esos mismos asalariados; también con la perversa consecuencia de obligar a la clase trabajadora con menor salario a consumir productos de menor calidad, degradando su nivel de vida.

Los partidos izquierdistas proclaman su vocación por el bienestar social; aunque, curiosamente, IU atribuyéndose un papel protagonista y absoluto en esta intención, recalca cada vez más infrecuentemente esa vocación, en coherencia con aquel adagio que gustan repetir los ex-comunistas y revisionistas del PCE: “no es más revolucionario quien repite más la palabra revolución”, que sin embargo oculta la prioridad absoluta de objetivos liberalizadores, bajo esa cubierta confusionista de su intención de generar mayores presupuestos públicos y bienestar social. Un confusionismo que comienza por no explicar la manera de hacer concordar un PIB limitado con una inmigración ilimitada a la que se pretende dotar de los recursos más excelsos por su utópico estado de bienestar. Lo cual casa muy mal con las bochornosas declaraciones que cierto líder de IU de Madrid hizo respecto a que el ciudadano actual se conformaba con que el político gestionase nimiedades como el mobiliario público o superfluos asuntos por el estilo. En manos de estos gestores de la izquierda (igual que en la derecha, puesto que sus propósitos más o menos finales son idénticos), los recursos sociales se estiran sin fin, se ponen a disposición de los nuevos trabajadores precarios y de una masa creciente colosal de población extranjera, pero no se suplen en la medida de los nuevos contribuyentes sumados, por lo que, globalmente, el gasto social neto se reduce (2% desde 2004, parecido a como lo hacen los salarios, 2.4% menos del PIB en la última legislatura) tanto o más como lo hace con el neoliberalismo antisocialista de los conservadores del PP. Al contrario, los recursos públicos que procuran los asalariados y entre ellos también los inmigrantes, se bombean a los empresarios bajo la pía intención de reducir el empleo precario (subvención de los contratos indefinidos), reducir los impuestos (por ejemplo, los 400 euros no progresivos, una vulgar trasferencia de liquidez desde los haberes de la población trabajadora modesta a las cuentas de los más acomodados contribuyentes), impulsar la creación de puestos de trabajo (subvenciones a la empresa en infinitos conceptos, recorte del coste del despido a la mitad, etc.) y reactivar la demanda inmobiliaria –es decir, mantener, mediante medios poco relacionados de hecho con el liberalismo (el primer dogma sobre la realidad del liberalismo es que reniega del principio de independencia del Estado), los granjeos de la especulación inmobiliaria y otras especulaciones concomitantes, como la alimentaria; medios poco liberales que dan su sentido al neoliberalismo .

Los quebrantos de la inmigración masiva para la clase trabajadora de un país mediocremente desarrollado de Europa serían apocalípticas para la inmensa mayoría de esos mismos asalariados, si no fuera por una circunstancia estructural paralela en España. A saber, que la lealtad de una parte mínima suficiente del electorado se retiene en forma de participación de los beneficios de la inmigración. Con esos beneficios se soborna a una parte del electorado para sostener su apoyo político a la gestión del creciente neoliberalismo. Esta parte se beneficia de las plusvalías de la mano de obra importada y explotada que contribuye al erario público para generar superávit, plusvalor que se suma a las partidas que el Estado ahorra con sus políticas de contención del gasto social con que debiera cubrir la nueva demanda generada de servicios sociales, incluida la de los descendientes que nunca han sido, los nonatos, entre la población autóctona (España sufre una de las tasas de natalidad más bajas del planeta, algo parecido a un parsimonioso etnocidio capitalista). Junto con la reducción de gasto público y el perjuicio consecuente a muchos trabajadores ajenos al negocio inmigrante, españoles o extranjeros, la inmigración laboral (la parte de inmigrantes que realmente trabajan) es en gran parte responsable de dicho superávit, si no directamente con sus aportaciones a la seguridad social e impuestos directos e indirectos, a través de su producción aportada al PIB, por ejemplo en el sector de la construcción o del turismo, producción y plusvalías que se cosechan por empresarios y fisco. No sólo a los capitalistas, dicho superávit ha convertido también al Estado, como ha sido señalado, en un rentista, en un beneficiario capitalista de la explotación de la fuerza de trabajo extranjera, además de la nacional, entre esta última, unos más y otros menos. Porque, en ésta última, no toda la mano de obra sale inmediata y evidentemente malparada.

En Andalucía y Extremadura, ese superávit es lo que hace posible que los “socialistas” se perpetúen manteniendo un sistema clientelar descomunal, que asegura la supervivencia sin más, casi desvinculada del todo de la producción y de la aportación al PIB como contraprestación a ese maná clientelista. Población agrícola y funcionaria y, menos, del sector turístico, sin excluir a parte de la más restringida fuerza de trabajo en el sector industrial, el conjunto convenientemente subvencionado, es la base del sistema de apoyo político al programa de neoliberalización de la izquierda, que, sin embargo absorbe en su trascendencia a toda España. Los sectores rural, turístico, etc. de la población subsidiada, como complemento, refuerzan el mercado laboral informal y liberal , artesano e individual, atrasado, mezquino e improductivo, protegidos por la fuente de ingresos regular y blindada por el Estado rentista y explotador de la fuerza de trabajo excluida de su paraguas. Esa liberalidad productiva sería inviable sin ese expolio con el que sufragar las regalías clientelistas. Una psicología social neoliberal emerge de estas prácticas ventajistas sólo posibles con financiación pública. De esta manera, nada impide que en Andalucía se hayan resucitado prácticas indignas de contratación que se creían superadas hace medio siglo; por ejemplo, aquella por la que los jornaleros acuden temprano a las plazas de los pueblos para que el patrón escoja a capricho a unos cuantos de los demandantes de empleo por un día, subastando la retribución. Esta vez, no son los ciudadanos inscritos en los programas sociales de subsidio agrario o industrial, sino los parias inmigrantes que contribuyen en mucho a sufragar esos subsidios con su trabajo humillante, que en ocasiones alcanza los 10 miserables euros por jornada. Pero conceder el derecho al voto a la población inmigrante no solventaría la situación, como proponen partidos (v. gr. IU y cada vez más los otros partidos), sino que probablemente y en las condiciones generales que no se ocupan en resolver esas burocracias, la agravaría. Puesto que los inmigrantes, lógicamente, se decantarían por programas políticos de equiparación en participación de los recursos públicos a los que contribuyen, lo que significa un reparto de los recursos públicos entre más población, es decir, un reparto entre pobres que no afectaría a las clases poseedoras y que estaría legitimado democráticamente por esa inmigración. El estado de bienestar alcanzado retrocedería netamente en una parte de la población trabajadora, pero mejoraría sólo aparentemente entre la parte inmigrante, a costa de la rebaja drástica del nivel de vida de los primeros. Unicamente en apariencia, porque el sector de la población anteriormente favorecido tendría que competir con mucho más ahínco por menos salario en un mercado laboral atestado y más hostil. La única manera real de progresar es socavar la ganancia capitalista.

Mientras que bajo los plásticos de El Egido o Lepe sudan interminables horas los inmigrantes latinoamericanos, polacos o magrebíes, o en la mancha se recogen uvas en condiciones de simiesclavitud hurtadas a la conciencia pública por el sindicato gubernamental (vertical y amarillo) UGT, una parte significativa de los autóctonos recibe una renta de mantenimiento casi vitalicia que los convierte en clase ociosa y explotadora a la vez, afín al ideario neoliberal fuertemente incrustado en los valores socialistas pervertidos para gloria de los intereses burgueses, de partidos como el PSOE. Uno de cada cuatro funcionarios de las comunidades autónomas españolas lo hace para la Junta de Andalucía. En Andalucía, una de las regiones más pobres de España y Europa, el número de funcionarios por habitante iguala al de tres grandes comunidades en población: Cataluña, País Vasco y Madrid. Andalucía sólo cuenta con menos de la mitad de la población sumada de esas tres comunidades, por lo que el número de funcionarios está relacionado, más que con la eficiencia económica y la “socialización de la producción” (las empresas productivas estatales sólo son el 5% en toda España), con las redes de apoyo clientelista. Además de los funcionarios de las Administraciones de la Junta, hay que sumar el personal de entes públicos y universidades. En las tres autonomías mencionadas que sirven de cotejo con Andalucía, hay 2.5 veces más población activa, por lo que no se puede tampoco argumentar el número de empleados para justificar esa inflación funcionarial. Andalucía también es la autonomía española con mayor número de funcionarios del Estado central. Más de un 10% de la población activa andaluza es funcionaria, sus fuentes de subsistencia dependen de decisiones políticas directas y partidistas. Una situación que sería más improbable sin un sistema de financiación autonómica externo (Estado central) y la explotación de la mano de obra importada, tanto en Andalucía como en el conjunto del Estado. Ciertamente, este sistema clientelar lleva varias décadas funcionando, mientras que la inmigración masiva sólo una: anteriormente era el Estado central y el rendimiento de las industria productiva, junto con una redistribución mayor de la riqueza del país lo que sustentaba el sistema; desde hace más de una década, sin embargo, es la inmigración como instrumento de flexibilización del mercado laboral (con el perjuicio consecuente de una sección considerable de la clase trabajadora autóctona) la que ha hecho posible la financiación del mantenimiento de los apoyos políticos entre otro gran sector de la población. Estas plusvalías en correlación con la flexibilización del mercado laboral y el excedente de fuerza de trabajo explotable, son la liberalización y exoneración fiscal progresiva de los beneficios de actividades mercantiles y del capital, las que además han servido para acallar a otro sector de la población activa, con casi nula formación técnica y empleada en sectores escasamente improductivos como el sector de la construcción, el pequeño comercio o la hostelería. Y en especial para contentar a la clase capitalista, cuya ganancia se multiplicaba sin excesivo esfuerzo inversor ni técnico, y sin aporte fiscal; es decir, en paralelo con la introducción de las políticas neoliberales. La neoliberalización es el esquema social en el que la plurisecular fobia a la ciencia y el desarrollo de la España más retardataria ha encontrado su energía para alzarse con la hegemonía destructiva y nefasta observable. En medio de la riqueza coyuntural en curso decreciente tras los fuegos fatuos de una década de alto crecimiento especulativo, España declina en sus estructuras más básicas e imprescindibles para avanzar a largo plazo.

En Cataluña el clientelismo no pasa tan groseramente por el subsidio, ni tan siquiera por la inflación funcionarial pues, por ejemplo, Extremadura cuenta con el doble de funcionarios por habitante que Cataluña –según Joan Carretero, consejero de Gobernación de la Generalidad. Al parecer, el clientelismo catalán está más centrado en los favores burocráticos al empresario, queda más bien restringido entre las diversas escalas de la burguesía, incluyendo los profesionales y los trabajadores autónomos verdaderos (los que no encubren con esa modalidad una relación laboral precaria), los cuales por otra parte, en toda España, se benefician de la contratación de inmigrantes, principalmente en la construcción. Sin embargo, la clase trabajadora es mucho más influyente y numerosa en Cataluña que en otras regiones más atrasadas de España, y es de ésta de la que cabe obtener la mayoría de los votos. Asegurar los votos de la clase asalariada catalana se consigue a través del gasto social y las políticas laborales. Y aquí aparece la incógnita, ya que supuestamente, los partidos de la izquierda radical, el independentista ERC e Iniciativa per Catalunya i Verts, los cuales conformaron el tripartito con el PSC-PSOE, debieron haber inducido un mayor gasto social y, en consecuencia, haber sido retribuidos por tal logro con más apoyos electorales en las Elecciones del 9-M. Paradójicamente, fueron los partidos más lesionados a resultas de la consulta nacional, con unas pérdidas cuantiosas que acabaron en el PSC, su socio moderado de Gobierno. Este fenómeno de trasvase es clave para entender el equilibrio político español. Los votos de esos partidos de izquierda más radical no pasaron a la oposición liberal catalanista de CiU, sino al neoliberalismo del PSOE. Sin duda, los catalanes reconocían así la financiación autonómica generosa de Zapatero y Solbes en los Presupuestos Generales del Estado aprobados unos pocos meses antes del 9-M, y también la gestión de Montilla, y en menos intensidad (dada la fuerte abstención en su momento para su aprobación) que el Gobierno central “social-liberal” apoyase casi sin reservas un Estatuto que convertía a Cataluña en efecto, en una autonomía de régimen foral, esto es, mucho más beneficiada presupuestariamente.

Sin embargo, cabía al menos esperar que, teóricamente, la presencia de la izquierda radical, privada finalmente de gran parte de sus votos para beneficio del PSC, hubiera obtenido el reconocimiento de una supuesta presión favorable, dentro del tripartito, para derivar y obtener más solidaridad o asignación en gasto social del moderantismo neoliberal del PSC-PSOE. Los catalanes de clase asalariada, los que más dependen del escaso estado de bienestar y de los servicios públicos, no podían votar sin embargo a una izquierda radical que, bajo su pomposo discurso socializante escondían un programa de liberalización más ultramontano aún que el que aplica el PSOE, esta es la hipótesis diferencial para analizar la situación política de la izquierda en esta reflexión. ERC e ICV, tras su imagen socializante, preconizaban en la campaña electoral para el 9-M reducción de impuestos, cual partido liberal ordinario, apoyo al emprendedor empresarial, mayores libertades civiles o defensa de los derechos homosexuales (en realidad fomento), anticlericalismo (de tipo burgués y asociado al fomento del homosexualismo), y otras políticas y valores ultraliberales y pequeño-burgueses... Pero en realidad, enfatizaban y aplicaban dos líneas maestras de actuación: descentralización nacionalista y flexibilización del mercado laboral a través de la inmigración masiva. Por supuesto, todo ello cohonestado con argumentos socializantes, altruistas y humanitarismo universal.

El proyecto nacionalista es un clásico de la descentralización y atomización social del librecambismo, pero la clase trabajadora de Cataluña (como la del País Vasco) no acaba de interiorizar la idea de una nación autosuficiente sometida al caciquismo local y a la perturbación del intercambio de recursos con el resto del Estado y sociedad españoles. Es falso que el socialismo clásico del siglo XX tenga en el independentismo un objetivo doctrinal. Sólo se argumentó, por dicho socialismo, a favor de los movimientos de liberación nacional cuando su esfuerzo desembocaba en una situación de mejora, de socialismo, en comparación con otra de subyugación y explotación colonial y capitalista. Y no está muy claro que Cataluña independiente vaya a significar más socialismo o más beneficio para los asalariados y las clases modestas de Cataluña, como lo demuestra que se haya retirado la confianza al nacionalismo radical socializante de ERC e ICV, y se haya premiado un proyecto ambivalente, más moderado, que venía de la mano de una generosa aportación presupuestaria del Estado central. El neoliberalismo de PSC-PSOE aseguró una mayor fiabilidad en la redistribución de los recursos de la liberalización y el modelo económico improductivo, frente al proyecto nacionalista de más a la izquierda en Cataluña. Ante todo, para semejante electorado, no se podía permitir que la izquierda radical se implicara de lleno en una liberalización rampante de las relaciones productivas a través de la pulverización de los equilibrios del mercado laboral, ya bastante deteriorados en perjuicio de los trabajadores. Por otro lado, tampoco era factible la opción de los liberales conservadores, CiU, bastante más comprometidos con la liberalización cruda y los recortes de los beneficios públicos o del estado social existente, que añadir a la tensión nacionalista con el Estado central, a fin de cuentas, provisor. La única opción sólo podía ser la que ofrecía el PSOE o la abstención. Esta última ha sido relativamente más importante en Cataluña que en el resto de España, lo que muestra el grado de conciencia política de la población catalana, con una fuerte tradición industrial y proletaria. Pero aún así, mucha gente modesta ha temido que el ya escaso peso del estado social catalán y español acabaran desapareciendo si el que había aportado los fondos solidarios contantes y sonantes, PSC-PSOE, perdía las elecciones y era sustituido por la derecha liberal-conservadora o la izquierda social-liberal. De nuevo enfatizar que, los pensionistas, minusválidos, desempleados, familias monoparentales y casi todos los grupos beneficiarios de subsidios y servicios sociales como la educación, la vivienda, la sanidad, el transporte, etc., temen con razón que el estado de bienestar alcanzado y sus fuentes de ingresos por tales conceptos desaparezcan en las políticas privatizadoras de la derecha, o deriven a manos de la pequeño-burguesía catalana progresista-liberal, la clientela independentista y, ante todo, la inmigración, bajo la dirección de partidos de izquierda radical-liberal. Los catalanes, lógicamente, en su mayor parte los catalanes modestos, se benefician una media del 13% más que los demás españoles en prestaciones sociales del Estado (Servimedia-ABC, 17.10.2005). El efecto de esta opción y confianza en el nacionalismo moderado y neoliberal del PSOE implica un efecto perverso junto con ese precario soborno de baja intensidad en forma de gasto social sin desbordamientos exagerados a la inmigración (como se sugiere más a la izquierda), que es el apuntalamiento de un modelo perverso para la modernización de la industria de Cataluña y España, un modelo especulativo que no puede llevar, más pronto que tarde, al marasmo.

En Madrid, muy por el contrario, el PSOE ha visto sus logros erosionados en las últimas legislaturas. El voto socialista ha remitido netamente en 2008, sus pérdidas sólo habiéndose atemperado por la deserción de IU, y el Partido Popular ha relevado en parte a dicha izquierda, particularmente en ciudades y barrios populosos y modestos, lo cual es una tendencia significativa de los últimos lustros. A diferencia de las clases populares de Cataluña o Andalucía, las clases populares de Madrid no han podido refugiarse del todo y en la misma proporción que en esas autonomías, en el social-liberalismo del PSOE para penalizar el liberalismo de la izquierda radical liberal, la cual perdía decenas de miles de votos. La razón fundamental es que el PSOE ha ejercido una política efectiva tan antisocial y neoliberal como ERC e ICV han procurado ejecutar en Cataluña en el marco del Pacto del Tinell o Gobierno Tripartito. La gestión de los socialistas, con la connivencia plena de IU, en las periferias asalariadas de Madrid, ha desembocado en proporciones de población inmigrante cercanas al 20%, dentro de un plan de importación activa y financiación con recursos públicos de la fuerza de trabajo excedente y necesaria para la expansión de la industria improductiva, por supuesto, destinada a pulverizar los salarios de los trabajadores y su grado de estado de bienestar en declive desde los años 90; y por tanto, su gestión ha supuesto una degradación neta de las condiciones de vida de sus votantes tradicionales, muchos de los cuales se niegan todavía a creer que el PSOE esté empeñado a fondo en la reestructuración de la sociedad española y madrileña según un modelo de mercado ultraliberal capitalista. Es más, muchos de sus votantes, pertenecientes a los sectores más atrasados de la sociedad española, lejos de involucrarse en las disquisiciones sobre la mera noción del neoliberalismo o su realidad, simplemente confían en que los valores que proclama la izquierda liberal de PSOE e IU sólo pueden beneficiar su condición e intereses como asalariados. Ciertamente, el esfuerzo propagandístico del PSOE está destinado a introducir el máximo de confusión entre los votantes. No obstante, el PSOE de la Comunidad de Madrid no ha podido compensar la estrategia suicida de un Gobierno que ha abandonado a la clase trabajadora madrileña en financiación autonómica, por estar gobernada por el PP, ambas cosas redundantes para incidir en la decadencia abrupta de los servicios sociales. Y como remate, los gobiernos municipales liderados por el PSOE, junto con el Gobierno Zapatero, se han involucrado activamente en arrinconar a la población autóctona y favorecer, con sus recursos públicos y su calidad laboral, el establecimiento de competidores o fuerza de trabajo que no hacía más que empeorar su vida cotidiana y sus expectativas de empleo cualificado. La enorme masa inmigrante que han concentrado el PSOE en Madrid, en paralelo con la ultraliberal Aguirre, del PP, ha generado ganancias enormes en plusvalías que no han revertido ni en los inmigrantes ni en los proletarios madrileños, sino en el soborno de los votantes andaluces, extremeños y catalanes, además de enriquecer a los capitalistas y partícipes de la más variada escala, en la industria del ladrillo y el turismo.

Si en Cataluña el abandono del neoliberalismo radical de ERC e ICV tenía una alternativa relativamente más justificable para el electorado aterrado por la pérdida del parvo estado de bienestar en el PSC, en Madrid no existía esa alternativa, sino el PP, el liberalismo descarnado. El factor diferencial está en el nacionalismo. Las elites empresariales y burocráticas de Cataluña, en la derecha o en la izquierda, actúan como un contrafuerte, un resorte extra de seguridad en la oferta socializante, para competir por el electorado. Si los partidos nacionales no ofrecen ventajas sociales a la población, los nacionalistas están dispuestos a sustituirles en esa oferta social. En Cataluña, el “socialismo” es PSOE+PSC, lo que implica que si la organización nacional, PSOE, no aporta recompensas suficientes, desde el Estado central, que hagan atractivo el programa para los trabajadores catalanes, el PSC podrá reemplazar a la organización centralista en esa oferta y recuperar su inversión en bienestar social en forma de poder independiente y nacionalista, lo que generaría un movimiento centrífugo que la burguesía y la burocracia madrileña y nacionalista españolista temen. Y si no es el PSC quién sirva de palanca para proveerse de fondos del Estado central, será ERC, o CiU, etc. El movimiento nacionalista catalán actúa así como catalizador de las reformas sociales, de la oferta de bienestar social. En Madrid, contrariamente, no hay un movimiento oligárquico interesado en financiar el nacionalismo independentista, por lo que los ciudadanos no pueden resarcirse de una estructura política de contención de los intereses del capital, cuyas organizaciones dominan lo básico del espectro político (incluidos sindicatos como CCOO y UGT en pleno ámbito sindical), o de la almoneda social frente a un neoliberalismo tan agresivo como el de Madrid. En esta situación, la clase trabajadora que huye del neoliberalismo radical de la izquierda, instrumentado con el efugio socializante, opta por el recorte o estrangulación del sector público. Cierta categoría de trabajador madrileño llega a la conclusión de que es preferible sacrificar los servicios sociales, limitar lo que pueda su contribución al erario público y desmontar el estado social, en tanto que dicho estado social no lo es, o sólo lo es, para una población inmigrante que destruye sus derechos y ventajas prerrogativas en el mercado laboral y tanto afecta su nivel de vida. Es una estrategia de individualismo destructivo que responde a la apropiación del Estado y la malversación del esfuerzo fiscal de los trabajadores por la burguesía y sus burocracias para perjudicar a los mismos asalariados. Dicha estrategia no dimana tanto porque la propaganda neoliberal reaccionaria de inspiración anglosajona tenga un efecto irresistible en la psicología de estos ciudadanos, sino porque su psicología está presionada, por las circunstancias de deterioro y secuestro de los servicios públicos colectivos, para racionalizar y recabar motivos que confirmen su disgusto con la situación y la actitud alevosa de la izquierda reconvertida al anti-socialismo. Al estar bloqueadas todas las alternativas políticas factibles o partidos capaces de modificar la situación para reestablecer la justicia social en el seno del Estado y su gestión, la estrategia individualista se convierte en una actitud útil, imprescindible, en una expectativa de gran valor que se superpone con el neoliberalismo que se fomenta en el ambiente. Sin embargo, al respaldar un proyecto político como el de los conservadores ultraliberales, en pos de retener el fruto de su trabajo particular y evitar que sirva para financiar su propio perjuicio sustituyendo al patrón en el pago de salarios (vía gasto social) a la competencia inmigrante, así como el soborno electoral a escala nacional, el trabajador descontento no puede impedir que con su voto derechista se amplie el espacio libremercantil, y que lo que ahorra en impuestos “legal y legítimamente malversados”, lo pierda en servicios indispensables encarecidos que antes, en la etapa de más presencia pública, se mantenían aunque agonizantes y que, en adelante, se privatizan. Al retirarse el Estado, el mercado especulador y su competencia “libre” tienden constantemente a restringir el poder salarial de la mayoría de trabajadores, también a través de la liberalización de la contratación inmigrante, y paulatinamente, hasta en los empleos más cualificados. El empresario compite para reducir costes, no para aumentarlos; la situación es elocuente en España, con una iniciativa privada improductiva que se dispara y atomiza según se hace precario y mal remunerado el empleo. No es de extrañar que los conservadores, para compensar esta falla social en su modelo, propongan (salvo la extrema derecha o ultraliberales de Aguirre) restringir la inmigración y afirmar la prioridad de la ciudadanía, con el fin de reducir la competencia exacerbada en su mercado libre. Pero no indican que, a cambio de suprimir la competencia laboral inmigrante, el trabajador autóctono de España en general tendrá que ocupar el lugar más precario de los inmigrantes y renunciar a las aportaciones a los servicios sociales y subsidios que se sufragan con las plusvalías de inmigrantes. El mercado laboral previo a la inundación de mano de obra inmigrante era internacionalmente conocido por su precariedad y extraordinario, casi inexplicable, alto desempleo (más del 20%), porque el capital o los empresarios se negaban a invertir, competir y contribuir al alza de los salarios; de nuevo, la competencia libre sólo emerge donde puede agravar la depresión salarial. El trabajador madrileño, en esta ocasión, sale algo menos perjudicado que el extremeño, andaluz o catalán con la liberalización, por la razón de que no disfruta de subsidio o gasto social extra que perder...

¿Por qué IU compite con más fervor liberal efectivo que el PSOE en la carrera por el desmantelamiento de la redistribución social cuando supuestamente debiera ser el partido que lastrase ese ímpetu? Recientemente, tras el fiasco de la dirección liberal de Llamazares en las urnas, uno de los cargos más notables de IU en todo el país, la alcaldesa de Córdoba Rosa Aguilar, ha declarado estar dispuesta aceptar una propuesta formal del PSOE para pasar a engrosar sus filas, e igualmente, haber votado a una senadora de este partido en vez de a uno propio... Su actitud es muy representativa, la enésima en el mismo sentido desde que el PCE perdiera fuelle en las Elecciones de 1982 que convirtieron al PSOE en el partido más importante de la treintena de años del régimen constitucional. Carrillo y sus cuatrocientos, Almeida, Garrido y otros muchos son los protagonistas de una sistemática constante de zapa en el PCE e IU: el minado del conjunto del movimiento comunista español desde antes de la caída del Telón de acero entre 1989 y 1991. Si la caída de la URSS debilitó subsiguientemente a la izquierda clásica en todo el mundo, también es verdad que las intrigas que condujeron al derribo del comunismo soviético están insertas en el resto del mundo de la izquierda desde antes. En realidad, el proceso de liberalización o derribo del PCE no ha sido llano, fácil, sino una constante tensión de fuerzas, como lo demuestra que la alianza izquierdista destinada a marginar al comunismo a un muy segundo plano no lo consiguiera definitivamente hasta mediados de los años 90, y que IU reflotara su presencia parlamentaria con la honestidad política marxista de líderes como Julio Anguita (en las Elecciones de 1996 alcanzó los 21 escaños) mientras que ha ido de naufragio en desastre con sus reorientaciones “modernizadoras”, esto es, ecopacifistas, social demócratas, ecosociales, feministas, pro-derechos humanos, izquierdistas, etc., y todas las causas abiertamente liberales y más superficiales a la clase trabajadora, hasta llegar a la ruina electoral de los 2 escaños de Llamazares.

Pero en esencia, Llamazares ha triunfado más de lo que parece. IU es una organización pantalla erigida para eclipsar y conjurar su componente marxista, y en este sentido, la IU más alejada del proyecto comunista, aún suicidándose para ello, ha arramblado con los recursos organizativos del PCE para influir en la política parlamentaria. Este éxito relativo hace que, una vez desfallecido el proyecto de IU, sus máximos responsables aspiren a desarrollar el proyecto liberal en otra organización distinta más a la derecha, el PSOE. Para la merma de la componente comunista era preciso demostrar que toda orientación marxista de IU era ineficiente electoralmente. La oportunidad surgió con la derrota de la IU post-Anguita, la que liderada por Frutos sólo retuvo 8 escaños en los comicios de 2000. Tras el fracaso, la inviabilidad electoral agravada de la IU liberal ha demostrado que el factor comunista no era la causa de la decadencia de IU, sino que más bien la discreción temerosa de Frutos era un aviso del revés crónico que el componente neoliberal significaba en IU. Sin embargo, el éxito del proyecto anticomunista se coronaba con la virtual erradicación del PCE o cualquier programa hábil de carácter marxista en IU.

El alejamiento de IU de la ideología comunista suponía situar las expectativas en el neoliberalismo socializante de la doctrina de la izquierda radical burguesa. Debía ser radical, porque el PSOE estaba empeñado en la misma línea estratégica y fines. Esta radicalidad izquierdista pero neoliberal, para ser competitiva ante un electorado que se suponía “post-comunista”, exigía, en la mentalidad de la facción neoliberal gestora de la alianza demostrar, de facto , más anticomunismo que cualquier otro partido. Lógicamente, esto no se podía hacer literalmente si se deseaba conservar una parte considerable del electorado o delatar a la organización como de extrema derecha, con signos concretos o un discurso rigurosamente anticomunista, sino a través de la anomalía semiótica de los símbolos y las astucias de la argumentación. El socialismo, en realidad y como se ha referido, se transformaba en una herramienta de la liberalización. Superar al PSOE por su lado liberal no ha sido bien acogido en lugares como Cataluña, también según se ha indicado.

El problema en Madrid, es que el PSOE estaba ocupando el espacio ideológico y la identidad neoliberal radical a la que IU aspiraba. En Madrid, como se ha dicho, ninguno de los dos grandes partidos, PP y PSOE, tiene que bregar con la competencia de una oligarquía nacionalista dispuesta a desembolsar una fianza a modo de más sector social para procurar sus fines, por lo que se encuentran más desembarazados para imponer más a fondo su anhelada liberalización. El PSOE incluso superó cualquier límite de recato cuando presentaron al ultraliberal Sebastián, el director de la Oficina económica de Moncloa, como candidato a la alcaldía de Madrid, un sujeto que no tuvo empacho alguno en comparar el inaudito proceso migratorio español que preconizaba con la historia migratoria de Australia. Esta candidatura a edil de Madrid y sus ingredientes programáticos causaron tal efecto que, no sólo el neoliberalismo de IU quedó relativamente desbordado por su izquierda neoliberal, sino que también el del mismo Gallardón, del PP, por su derecha. Independientemente de que el Grupo PRISA deseara situar mejor a Gallardón en Madrid para socavar el PP nacional, el PSOE perdió muchos votantes, e IU se benefició por su mayor moderación relativa en sus términos liberales, obteniendo ediles suplementarios. Independientemente de las tácticas del PSOE en Madrid, esa situación muestra que un neoliberalismo demasiado liberal, en clave izquierdista o derechista, sin el acompañamiento de algún complemento socializador relevante y sustancial que compense netamente la desregulación, no es muy popular en la región de Madrid. También muestra que utilizar el idioma socializante para introducir objetivos ultraliberales, como hace IU, conduce a malos resultados. Aparte del ejemplo del ultraliberal Sebastián, IU no ha podido competir con su plan actualizador neoliberal con el PSOE en la dimensión del Estado en conjunto precisamente por su expectativa errónea basada en acentuar el neoliberalismo, por lubricado con aditamentos izquierdistas que esté.

IU y el PSOE también sufrieron pérdidas electorales en la región de Madrid desde antes del 9-M. Estos partidos, con su estrategia izquierdista liberal, no consiguieron evitar que muchos trabajadores rechazasen su propuesta de liberalización, por envuelta en el reclamo de la defensa de los servicios públicos que estuviera. La promesa de un Estado asistencial ante una crisis galopante, en contraste con la reafirmación obcecada de las políticas que provocan la desestructuración letal (no es exagerado, si se recuerda decenas de asalariados precarios mueren por esta causa en accidente laborales debidos a la cadena de contratas, producto de la liberalización) del mercado de trabajo operada con la inmigración, celebrando para ello el superávit conseguido por la explotación de la mano de obra nacional y extranjera como medio de paliar la inflación especuladora dimanada del “laissez faire” del Gobierno Zapatero, puede sonar cínico y, como mínimo extraño, entre las clases trabajadoras de Madrid. La razón es tan sencilla como que el PSOE nunca ha hecho fluir ningún excedente del Estado con la suficiente intensidad como lo ha hecho en otras autonomías: no hay tradición, ni evidencia, ni confianza. Y no hay confianza porque ésta se ha dilapidado en los municipios obreros superpoblados a los cuales el Gobierno central del PSOE ha enviado a la mano de obra masiva importada de los cuatro puntos cardinales del planeta, sin demasiados escrúpulos en cuanto a respeto por la opinión de la población, su capacidad de acogida, sus necesidades, aspiraciones, etc., con la plena colaboración de los equipos de gobierno locales socialistas y de IU. Es más, y como servía para comenzar este artículo, el Gobierno y los medios de la izquierda, incluida IU, se han empleado a fondo en prodigar a los cuatro vientos su desmentido de la crisis capitalista nacional y mundial que, iniciada en la patria ideológica del neoliberalismo conservador, EEUU, se instalaba cómodamente en la economía española, azotando de pleno a los asalariados. Mientras que el PP aprovechaba en campaña para exigir al PSOE que interviniera la economía, la plebe más desposeída de las periferias de Madrid observaba perpleja y se preguntaba por qué un partido socialista que se arroga la denominación de “obrero” se inhibía de la reconducción del despropósito capitalista, o por qué, junto con IU y UGT, se intentaba excusar al sistema capitalista, en lugar de denunciarlo y aprovechar la oportunidad para reunir el consenso necesario con que reformarlo honestamente, y socavarlo decididamente, en interés de la clase asalariada. Unos partidos que sirven como mamporreros del capitalismo, por izquierdistas que se pretendan, no pueden recriminar a ningún votante, por muy representante de la clase proletaria que sea, su voto al Partido Popular en esas condiciones, por la misma razón que un delincuente no puede dar lecciones de moral a otro. Sin embargo, los marxistas que comprendemos que la izquierda neoliberal es una perfidia para la clase asalariada y nuestro rival, sí podemos recriminar la actitud de los asalariados que votan a la derecha... En este sentido, son cada vez más numerosos las evidencias de que la ciudadanía española está paralizada políticamente por el neoliberalismo. No sólo los partidos políticos han secuestrado su opción socialista, sino que la han pervertido y confundido hasta la matriz para imponer el régimen libremercantil y los valores sociales de la filosofía capitalista. La sociedad civil española está llegando a límites de corrupción y desmoronamiento casi tan agudos como sus oligarquías dirigentes y burocracias gobernantes. En esta sociedad civil se está omitiendo la vital necesidad de organizarse para defender la propia subsistencia, por lo que cabe esperar que todos las depravaciones que van anejas a la explotación y manipulación de los seres humanos sometidos e indefensos rebroten como en las peores épocas pasadas de la esclavitud. Al ritmo en que se diluye la cohesión de la sociedad civil, en particular de su clase asalariada, los sujetos se revelan dispuestos a renunciar a más derechos con tal de soslayar conflictos de agresores más y más poderosos; se hacen más débiles y alejados de los recursos imprescindibles para su subsistencia, que ellos mismos producen.

Hay que comprender que los asalariados españoles pretendan salvarse como sea de las alimañas que tienen por burócratas y patrones, y de la presión del enorme ejército de esbirros, profesionales, autónomos y pequeño-burgueses que colaboran en la reproducción diaria del régimen capitalista, y que para ello, retiren su confianza a la izquierda neoliberal, que voten para llevar al mínimo sus aportaciones fiscales y ahogar al Estado con el que se les empobrece y acultura mediando la importación (y degradación) del Tercer mundo y el propio. Pero no es admisible, sobre todo porque no es práctico ni saludable, refugiarse en la desidia política, en la evasión y embrutecimiento intelectual, en el apoliticismo y en la “salvación personal” en medio de un mercantilismo cada vez más feroz. Los españoles muestran que valoran el régimen democrático de participación política cuando acuden a las urnas, pero mucho hay que temer que los abstencionistas aún sean más conscientes de la necesidad de que, antes que el derecho a votar, es indispensable participar y crear los propios partidos de intervención o gobierno de la sociedad. No es suficiente el delegar a burócratas al servicio de los patrones y poseedores el destino y los intereses de quienes producen. La ciencia política es actualmente más madura que nunca y se aferra a los espacios democráticos de delegación o representación para recrear el absolutismo de épocas pre-democráticas. Tampoco es suficiente contentarse con subsidios y regalías, o estructuras públicas enteras, cuando la fuente de ese valor es el trabajo de otros asalariados explotados, aunque sean extranjeros, porque entonces los cómodos prestatarios de subsidios se convierten tarde o temprano en víctimas del soborno.

¡Proletarios de Europa y el mundo, uníos!